POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- Todos somos iguales ante la ley; nadie está por encima de ella no importa cómo se llame, ni qué posición política, económica y social ocupe, si es o ha sido presidente de la República, legislador, Ministerio Público, juez de las altas o bajas cortes, ministro, canciller, embajador o general. La ley no hace distinción, no crea privilegios ni otorga dispensa; lo mismo un rico que un pobre. La ley es igual para todos, incluso los presidentes al asumir el cargo, de manera solemne se comprometen ante el pueblo ser fieles defensores de los derechos y deberes de los ciudadanos: “Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo».
No existe ninguna razón jurídica para que el expresidente Danilo Medina no haya sido investigado y sometido a la justicia, como tampoco la hubo antes con el expresidente Leonel Fernández.
Un presidente o expresidente, si violó la ley, si participa o es cómplice de cualquier delito o crimen puede ser sometido a la justicia, si es culpable, condenado a la pena que manda la ley.
Una cosa es retaliación (acusaciones por castigo o venganza), y otra cosa es persecución por actos de corrupción, como justamente lo hace el actual Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán contra exfuncionarios que desfalcaron el erario valiéndose de sus posiciones en el Estado o de sus relaciones familiares o personales con el expresidente de la República y sus lacayos.
En la actualidad -insisto- no hay retaliación, lo que hay es un proceso de persecución de la corrupción poniéndole punto final al “borrón y cuenta nueva”, a la impunidad que ha prevalecido en el país durante décadas. Retaliación hubo cuando el expresidente Salvador Jorge Blanco fue perseguido, apresado, acusado de corrupción y condenado por la justicia de Joaquín Balaguer que dispuso la destrucción moral del Partido Revolucionario Dominicano para que no volviera al poder.
No hay persecución política en el presente gobierno. El presidente Luis Abinader designó al frente del Ministerio Público a una mujer intachable, incapaz de iniciar una cacería de brujas contra nadie con acusaciones infundadas, solo por razones políticas. Al contrario, las investigaciones han sido meticulosas, sin prisa, pero sin pausa. Las pruebas hablan por si solas. Miles de páginas llenas de documentos probatorios, testigos calificados que han hablado hasta por los codos, etc., forman parte de los expedientes. Por lo tanto no se puede hablar de retaliación, venganza, odio, maltrato o persecución política. El que robó, el que se enriqueció con fondos públicos debe pagar las consecuencias como ordena la ley.
